Tras la mortandad de salmones en Mowi, ahora es Bakkafrost que acapara titulares, no por mejorar el bienestar de sus peces, sino por intentar silenciar a quienes denuncian sus abusos.
En lugar de abrir sus jaulas a la transparencia, Bakkafrost —la multinacional feroesa que controla cerca del 20% del salmón cultivado en el Reino Unido— ha optado por blindarse en los tribunales. Lejos de responder a las crecientes denuncias de maltrato animal, contaminación y opacidad, ha pedido a un juez escocés que imponga una orden judicial para prohibir al activista Don Staniford, y a cualquiera que colabore con él, acercarse a menos de 15 metros de sus más de 200 granjas, barcos, fábricas y oficinas, escribe hoy The Guardian.
Lo que intenta Bakkafrost no es la defensa de una supuesta “propiedad privada”. Es la aplicación clásica de una SLAPP (strategic lawsuit against public participation): demandas estratégicas cuyo objetivo no es ganar en derecho, sino amedrentar a críticos, periodistas y activistas. En otras palabras: silenciar la verdad a golpe de intimidación judicial.
Una industria plagada de sufrimiento y ocultamiento
La salmonicultura no es un negocio limpio ni ético. Basta con observar lo que ha ocurrido en Noruega, donde la multinacional Mowi fue desenmascarada con cifras de mortalidad masiva y fotografías de salmones devorados por piojos, con heridas abiertas y carne putrefacta. En algunos centros, hasta el 80% de los peces estaban tan dañados que ni siquiera podían comercializarse.
Los informes de la Autoridad Noruega de Seguridad Alimentaria confirmaron negligencia, descontrol sanitario y un patrón claro: el lucro prima sobre el bienestar animal. Esa es la misma industria en la que opera Bakkafrost con sus jaulas superpobladas, peces obligados a nadar en círculos en aguas inmundas, infestaciones de parásitos y prácticas crueles como el despiojamiento térmico, donde los salmones son sumergidos en agua a una temperatura que, para una especie de aguas frías, es percibida como hirviente, provocándoles sufrimiento extremo e incluso la muerte.
Nada de esto aparece en los coloridos folletos corporativos de Bakkafrost. Allí solo hay palabras como “sostenibilidad” y “bienestar”. Pero los activistas que documentan la realidad muestran otra cara: salmones con llagas, escapes masivos de peces enfermos al ecosistema, descargas químicas ilegales y una capa de sedimento putrefacto, cada vez más gruesa, en el fondo marino. La respuesta de la empresa no ha sido corregir sus abusos, sino blindarse de las cámaras y de la denuncia pública.
El intento de sofocar la libertad de expresión
Lo que pide Bakkafrost al tribunal de Dunoon, Escocia, es desproporcionado y peligroso: que no solo Staniford, sino cualquiera “que actúe en su nombre o bajo su instrucción”, sea perseguido si se acerca a sus instalaciones. Una medida de este tipo no solo amenaza con cárcel a los activistas, también busca intimidar a periodistas y cineastas que acompañen sus investigaciones.
Las organizaciones de derechos civiles han sido claras: estas restricciones generan un efecto paralizador sobre la sociedad. Si se permite, ¿quién se atreverá a seguir documentando lo que ocurre en las profundidades turbias de esta industria multimillonaria?
No es casualidad. Mowi ya intentó una jugada similar contra Staniford, fracasó en tribunales, y ahora lo persigue con una deuda judicial de 123.000 libras esterlinas. La estrategia es simple: aunque no logren callarlo por completo, buscan ahogarlo en juicios, costas procesales y desgaste personal.
Una cultura empresarial basada en la opacidad
La cría industrial de salmón es un negocio cimentado en el sufrimiento animal y la destrucción ecológica. Los peces no son números en una hoja de cálculo: son seres sensibles que padecen heridas, asfixia, infecciones y agonías interminables en jaulas flotantes. Cada kilo de salmón de piscifactoría es un kilo de dolor, disfrazado bajo etiquetas de “lujo gastronómico” y “salud”.
Cuando una empresa como Bakkafrost invierte más en abogados que en mejorar el bienestar de los peces o la transparencia de sus procesos, nos está diciendo claramente cuáles son sus prioridades: el lucro por encima de la vida.
El caso Bakkafrost es un síntoma más de la podredumbre estructural de esta industria. Una industria que no soporta la luz pública, que se atrinchera en despachos de abogados y que pretende encarcelar a quienes exhiben su verdadera cara.
El consumidor tiene derecho a saber qué ocurre tras las rejas de las piscifactorías. Y la sociedad tiene la obligación de defender el derecho a investigar y denunciar abusos. Callar sería complicidad.
Detrás de cada filete de salmón de piscifactoría no solo hay peces hacinados y sufrimiento animal: también hay censura, opacidad y un intento descarado de suprimir la verdad. Por ello, es hora de quitarle la máscara a Bakkafrost. Ni la represión judicial ni el marketing verde pueden ocultar lo que realmente es: una maquinaria de sufrimiento animal y de desprecio por la libertad de expresión.
Por Héctor Pizarro
Sociedad Vegana
Fotografía de Don Staniford © sitio web de Don Staniford