En los juicios contra animalistas, las filmaciones hechas por estos, donde documentan las espantosas y crueles prácticas contra los animales, son excluidas como evidencia ya que “exponen innecesariamente a la víctima”.
La publicación The Intercept escribe que en un reciente aumento de las causas en tribunales estadounidenses contra activistas de los derechos de los animales, que se enfrentan a fuertes condenas por sacar a animales enfermos de las granjas, las autoridades buscan suprimir toda mención durante el juicio de la crueldad con los animales, a pesar de tratarse de un factor altamente relevante.
El mes que viene, un juez de Utah escuchará las mociones previas al juicio sobre la exclusión de pruebas en un caso contra dos miembros del grupo de liberación animal Direct Action Everywhere, o DxE. Los activistas se enfrentan a cargos de robo y hurto por sacar dos lechones agonizantes de una granja porcina en 2017, por lo que podrían ser condenados a más de una década de prisión. El fiscal general de Utah busca excluir todas las pruebas y testimonios relacionados con el trato tortuoso a los animales, incluido un espeluznante vídeo filmado por los activistas mientras retiraban a los cerdos.
En concreto, el fiscal busca reducir sustancialmente la capacidad de los activistas para defenderse en el juicio. “Creo que se trata de una práctica muy poco ética e inconstitucional. Amordaza a los activistas y les impide contar una historia coherente a un jurado”, declaró Jon Frohnmayer, activista y abogado de DxE a la publicación, agregando que “más preocupante aún es que impide el análisis de las pruebas de crueldad animal en un tribunal, que es precisamente la instancia en que deberían analizarse dichas pruebas. Es, en definitiva, un abuso institucional de los animales por parte de la misma institución que debería protegerlos”.
Los tribunales de Estados Unidos tienen un preocupante historial de excluir las pruebas de violencia contra los animales en los casos de liberación animal. Sin este contexto esencial, la acusación ha enmarcado a los acusados como vándalos sin sentido, ladrones e incluso terroristas.
The Intercept Recuerda un renombrado caso federal de mediados de la década de 2000 contra los activistas de Stop Huntingdon Animal Cruelty, “los 7 de la SHAC”, como se les conoce, quienes fueron condenados por cargos federales de terrorismo, en circunstancias que su actividad debió haber estado protegida por la Primera Enmienda. Durante el juicio, a los activistas de la SHAC no se les permitió ni siquiera mencionar el horrible tratamiento de los animales en los laboratorios de pruebas de Huntingdon Life Sciences.
Natasha Lennard, autora del artículo, recuerda otros juicios en que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha calificado a los defensores del medio ambiente y de los animales de “terroristas”, a pesar de que estos movimientos nunca mataron a personas o animales.
Lennard observa que la estrategia del fiscal general de Utah para excluir pruebas, incluye desvirtuar la llamada defensa por necesidad, que podría, por ejemplo, justificar legalmente que una persona rompa un cristal del coche de un desconocido para salvar a un perro que se está asfixiando. Este principio, que podría aplicarse a los casos de rescate de animales que sufren, no puede ser invocado ya que la documentación de tal sufrimiento -por ejemplo filmaciones hechas por los activistas dentro de la granja- es inadmisible.
“Las mordazas de los tribunales al hablar de la violencia contra los animales forman parte de un tratamiento más amplio y perverso de los animales ante la ley”, comentó Lauren Gazzola a The Intercept. Gazzola es una activista de la SHAC que cumplió 40 meses en una prisión federal. “Legalmente, los animales son propiedad. Son materia prima que se convierte en comida o ropa o se utiliza como tubo de ensayo”.
Un ejemplo en jurisprudencia, donde la fiscalía ha conseguido excluir pruebas, ha sido una norma de Utah concebida para proteger a las víctimas y supervivientes de agresiones sexuales, conocida comúnmente como ley de escudo contra la violación. “Existen importantes precedentes de exclusión de pruebas, cuando estas puedan crear confusión o desprestigiar a la víctima, como ocurre en este caso”, escribió el fiscal general, comparando así, literalmente, a una poderosa empresa agrícola – “la víctima”- con una persona que ha sido agredida sexualmente.
Bonnie Klapper, ex fiscal federal que ahora asiste a activistas de los derechos de los animales como abogada defensora penal, dijo a Lennard que “El propósito de esta norma probatoria es proteger a las víctimas de agresiones sexuales para que no sigan siendo víctimas en los tribunales. Nunca se pretendió impedir la revelación de pruebas relacionadas con la crueldad hacia los animales. Es irónico que el fiscal utilice una ley de escudo contra la violación para proteger la reputación del propietario de la granja porcina, el gigante industrial de la carne Smithfield, que se dedica a la inseminación forzada masiva y repetida de hembras y a la castración de lechones machos sin anestesia. Legalmente, los animales son cualquier cosa, menos lo que realmente son: individuos sensibles y a menudo cognitivamente complejos con vidas que merecen ser vividas”.
The Intercept agrega que también es irónico que el gobierno intente excluir las pruebas de vídeo que muestran un relato completo y total de los supuestos delitos. Los activistas se filmaron a sí mismos entrando en la instalación porcina; dirigieron la cámara hacia los cerdos -cerdos madre con los pezones ensangrentados, cerdos con enormes llagas abiertas, lechones muertos y moribundos en el suelo- y se filmaron a sí mismos sacando a los lechones. La fiscalía argumenta que, si se presenta ante el tribunal, los comentarios de los activistas sobre las nefastas condiciones de la fábrica y cualquier mención al maltrato de la empresa a sus animales serían “injustamente perjudiciales”. El hecho de que un fiscal haga todo lo posible por excluir las imágenes en tiempo real del presunto delito es, en realidad, un intento de ofuscación al excluir un contexto fundamental para el juicio.
Natasha Lennard concluye su artículo señalando que los activistas de la liberación animal se arriesgan para cambiar los paradigmas legales y sociales en torno al tratamiento de la vida no humana. “Los tribunales serían un escenario clave para esta lucha si no fuera por las tácticas silenciadoras de los fiscales del Estado”.
Ilustración: Fotograma del video ¿Activistas que se enfrentan a 60 años de prisión por el rescate de lechones?
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