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Derechos animales

Millones de salmones murieron en granjas escocesas mientras el regulador protegía a la industria

La Animal and Plant Health Agency había rechazado publicar reportes de inspección por el posible daño comercial a las empresas salmoneras.

La Animal and Plant Health Agency había rechazado publicar reportes de inspección por el posible daño comercial a las empresas salmoneras.

Millones de salmones murieron en granjas escocesas por incidentes que incluyeron asfixia y acumulación de sulfuro de hidrógeno, según informes oficiales divulgados después de una decisión del Information Commissioner’s Office, el regulador británico de información.

En un artículo de Haroon Siddique, corresponsal legal de The Guardian, publicado el 26 de mayo de 2026, se informa que la Animal and Plant Health Agency, APHA, había rechazado entregar reportes de inspección sobre granjas salmoneras. La agencia argumentó que su publicación podía causar “perjuicio significativo” a empresas del sector, incluida afectación a su reputación.

El Information Commissioner’s Office concluyó que no existían fundamentos válidos para retener la información. La organización Animal Equality UK calificó la decisión como un momento relevante para la transparencia pública.

Los reportes divulgados muestran la escala y las causas de muertes en algunas instalaciones. Uno de ellos registró que más de 100.000 peces se asfixiaron en 2021 en una granja terrestre de salmones operada por Mowi, la mayor empresa salmonera de Escocia, propiedad de intereses noruegos, después de que un trabajador los dejara sin supervisión y cesara su acceso al oxígeno.

En un incidente separado ocurrido el mismo mes y en el mismo sitio, la acumulación de sulfuro de hidrógeno provocó la muerte de más de un millón de peces en 10 horas. Según The Guardian, APHA no tomó medidas de cumplimiento en ese caso.

Otro informe citado por el medio señala que en un sitio operado por Bakkafrost, certificado por la RSPCA, 600.000 peces murieron en 2022 por acumulación de sulfuro de hidrógeno. El problema se repitió meses después a una escala mayor, con la muerte de más de 1,5 millones de peces. Tampoco hubo medidas de cumplimiento posteriores, según el artículo.

The Guardian también informa sobre un caso en una granja de truchas, donde APHA determinó que aproximadamente 70.000 peces habían muerto en 2023. Otros 7.800 sobrevivientes fueron sacrificados posteriormente por ser considerados “económicamente inviables”. El sitio no había reportado ninguna muerte al Fish Health Inspectorate. APHA aconsejó al operador buscar asesoría veterinaria y le envió una copia del código de buenas prácticas.

En su decisión, el Information Commissioner’s Office señaló que APHA ya había publicado previamente algunos informes, lo que debilitaba el argumento para no divulgar otros. También indicó que el hecho de que los informes más recientes dataran de 2024 reducía la fuerza del argumento de que su publicación aún implicaría un riesgo real y significativo para intereses comerciales.

Pese a la divulgación de los reportes, la decisión no implica publicación rutinaria de futuros informes. Según The Guardian, quienes quieran obtener nuevos documentos deberán presentar solicitudes de libertad de información a APHA.

Abigail Penny, directora ejecutiva de Animal Equality UK, sostuvo que la cultura de secretismo de APHA debe terminar y que el público tiene derecho a saber qué ocurre en estas granjas y si los reguladores están cumpliendo su función. También afirmó que el enfoque reservado de la agencia no sirve al público ni a los animales, sino a la industria salmonera.

Animal Equality publicó además imágenes que, según la organización, fueron grabadas en marzo en una granja salmonera escocesa operada por Scottish Sea Farms. La entidad afirma que el video corresponde a la granja Fiunary y muestra salmones con ceguera, heridas abiertas, infestaciones severas de piojos de mar y narices ausentes.

Un portavoz de APHA dijo a The Guardian que la agencia está comprometida con la apertura y la transparencia. Señaló que las solicitudes de información se evalúan caso por caso y que las exenciones solo se aplican por confidencialidad o sensibilidad comercial cuando la divulgación completa podría impedir que APHA cumpla eficazmente sus funciones. APHA añadió que trata seriamente todos los reportes de posibles casos de bajo bienestar en granjas salmoneras y que no dudará en tomar nuevas medidas si encuentra evidencia de crueldad o negligencia.

Salmon Scotland, respondiendo en nombre de todos los productores mencionados en el artículo, afirmó que las acusaciones de activistas suelen ser sacadas de contexto y presentan una imagen engañosa de lo que ocurre en las granjas. La organización sostuvo que los salmonicultores escoceses apoyan la transparencia y que las granjas operan bajo estándares de bienestar “líderes a nivel mundial”, con regulación, supervisión veterinaria, auditorías e inspecciones.

El artículo de The Guardian sitúa el caso en el cruce entre bienestar animal, transparencia pública y supervisión regulatoria. Los informes divulgados no solo documentan muertes masivas de peces, sino que también muestran que, en varios de los casos descritos, no hubo medidas de cumplimiento por parte de APHA.

Comentario de Sociedad Vegana

Sociedad Vegana se alinea con lo expresado por Abigail Penny, directora ejecutiva de Animal Equality UK: la opacidad de APHA no es un detalle administrativo, sino parte del problema. Cuando una autoridad reguladora retiene informes sobre muertes masivas de animales invocando posibles perjuicios comerciales para las empresas fiscalizadas, el mensaje público es difícil de ignorar: la reputación de la industria parece pesar más que el derecho ciudadano a conocer lo que ocurre dentro de estas instalaciones.

Los casos descritos por The Guardian no muestran episodios menores ni simples “desafíos operativos”. Hablan de cientos de miles y millones de peces muertos por asfixia o acumulación de sulfuro de hidrógeno, y de situaciones en que, según los informes citados, no hubo medidas de cumplimiento posteriores. Ante esa escala de sufrimiento, la ausencia de consecuencias regulatorias exige más que explicaciones formales.

La respuesta habitual de la industria salmonera tampoco sorprende. Frente a denuncias documentadas, la fórmula suele repetirse: acusar a los activistas de sacar los hechos de contexto, invocar estándares de bienestar supuestamente líderes a nivel mundial y destacar inversiones, auditorías o supervisión veterinaria. Pero esas frases hechas no devuelven la vida a los animales muertos ni explican por qué los mismos patrones de sufrimiento aparecen una y otra vez en distintas jurisdicciones.

En Sociedad Vegana ya hemos abordado el caso de Mowi en Noruega, donde informes y registros oficiales mostraban salmones con heridas graves, mortalidades elevadas y respuestas empresariales centradas en “condiciones desafiantes” y gestión operativa. El nuevo caso descrito por The Guardian, esta vez en Escocia, refuerza una preocupación de fondo: cuando el bienestar animal queda subordinado a la producción, la regulación tiende a llegar tarde, con cautela excesiva y demasiada deferencia hacia quienes lucran con el sufrimiento animal.

Por Héctor Pizarro
Sociedad Vegana